Revista de Derecho Ambiental

Participación de los pueblos indígenas en la gobernanza ambiental en Paraguay: Análisis del marco jurídico e institucional

Fredy Génez Báez, Abel Fleitas Matto — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0000

La vigencia plena del principio de justicia ambiental requiere, como condición necesaria, que los marcos institucionales y jurídicos desarrollen un componente procedimental basado en mecanismos que garanticen a los diferentes sectores potencialmente afectados el acceso a los procesos de toma de decisiones, en particular a los pueblos indígenas o las poblaciones rurales, grupos que tradicionalmente no han sido considerados en el entramado de actores intervinientes en la gestión ambiental de sus propios territorios. A través de este trabajo, se analizan las bases jurídicas sobre las cuales se sustenta la gobernanza ambiental en Paraguay, con el objetivo de identificar los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en dicho ámbito de desenvolvimiento público y, posteriormente, determinar las posibles brechas que alejan al esquema actual de los estándares establecidos por los instrumentos jurídicos internacionales que abordan la materia. La metodología empleada es de carácter dogmático y se basa en un estudio detallado de la doctrina y de la normativa nacional y comparada, las que son objeto de revisión crítica y posterior sistematización. Los resultados obtenidos evidencian que, con la puesta en vigor del Decreto 1039/2018, se reparó el vacío de reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que había tenido lugar por varios años. No obstante, ello no implica que se encuentre garantizada la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones ambientales, ya que en la actualidad no existen canales claramente definidos que posibiliten la interlocución permanente de este sector de la población con la autoridad ambiental nacional.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Examen a su viabilidad desde la perspectiva jurídico-económica

Rafael Mauricio Plaza Reveco, Agustín Ignacio Fuentes Berríos — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0000

La Ley 21.600 estableció el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Chile. Este servicio, descentralizado y supervisado por el presidente a través del Ministerio del Medio Ambiente, gestionará el Sistema Nacional, que incluirá diversas categorías de protección, las que abarcan desde parques nacionales y monumentos naturales hasta áreas marinas protegidas. También se añaden nuevas categorías, como la reserva de región virgen y las áreas de conservación de pueblos indígenas. A su vez, el Servicio de Biodiversidad se encargará de elaborar planes de manejo, fiscalizar y sancionar infracciones. Ahora bien, la concentración de todas las categorías de protección bajo un solo servicio plantea desafíos, especialmente desde una perspectiva jurídico-económica. La investigación sugiere que el aumento del presupuesto asignado al Servicio de Biodiversidad (cerca del 58%) no se corresponde con el aumento real presupuestario (solo 2,9% para 2024). Esto podría afectar la eficiencia de la gestión y el cumplimiento de los objetivos de conservación. Esta investigación se enfoca en determinar si se valoraron adecuadamente los bienes que protege la ley (como la biodiversidad) y si estos influyeron en la asignación presupuestaria. A partir de ahí, se proponen modificaciones normativas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos destinados a la conservación. El estudio destaca la importancia del control de eficiencia económica en las normativas ambientales para evitar la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Concluye que es esencial que la asignación de recursos públicos responda a criterios de utilidad y eficiencia medibles, en lugar de ser un gasto sin control.

Consulta ambiental en Ecuador: Desafíos para la implementación del Acuerdo de Escazú desde el análisis de casos

Daniel Barragán Terán — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0000

La participación ciudadana en la gestión ambiental habilita a la ciudadanía a ser parte de los procesos de toma de decisiones, tanto como un derecho humano, garantizado constitucionalmente en Ecuador, como una expresión de corresponsabilidad en la gestión pública. A nivel metodológico, el artículo analiza dos casos de estudio que permiten abordar la necesidad de regulación de la figura de la consulta ambiental de forma armónica con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Los casos analizados abordan una experiencia de participación efectiva en el diseño de una política pública (lo que demuestra su viabilidad) y otra de denegación de participación en un proyecto, en el marco de la regularización ambiental. Ambos casos reflejan la necesidad de establecer e implementar estándares claros de participación y consulta ambiental para que el derecho de participación se garantice en debida forma. En un contexto en el que la Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra tratando un proyecto de ley que regula la consulta ambiental, se presenta una oportunidad importante para garantizar y armonizar el marco normativo con los estándares de participación pública del Acuerdo de Escazú. En particular, para establecer lineamientos que orienten la participación ciudadana en asuntos de interés público y no solo en procesos de regularización ambiental.

¿El acuerdo como criterio para determinar la idoneidad de una medida ambiental?

Cristóbal Carmona Caldera, Teresita Chubretovic Arnaiz — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0000

Habiendo transcurrido más de diez años desde la incorporación de la consulta indígena en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y teniendo en cuenta que en estos procesos se ha registrado una alta tasa de acuerdos entre el Servicio de Evaluación Ambiental y los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas participantes, el objetivo de este artículo es analizar el contenido de dichos acuerdos. En concreto, el trabajo estudia las medidas de mitigación, reparación o compensación consensuadas durante las consultas realizadas entre 2013 y 2022 en proyectos de energía renovable no convencional, evaluando su idoneidad para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente identificados en la evaluación ambiental. El resultado de esta investigación es que en un número importante de casos estas medidas no son ambientalmente apropiadas para abordar los impactos significativos identificados, pues no se ajustan a los principios de la jerarquía de la mitigación ni a los requisitos establecidos en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Con base en estos resultados, el estudio analiza las posibilidades legales del Servicio de Evaluación Ambiental de no llegar a acuerdo ante este tipo de medidas, aun cuando se cuente con el consentimiento del grupo indígena afectado, e interroga sobre la necesidad de repensar la estructura del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, proponiendo separar las discusiones ambientales de las expectativas comunitarias más amplias, para asegurar un enfoque adecuado tanto en términos de
justicia ambiental como de desarrollo indígena.

A 25 años desde la creación del Centro de Derecho Ambiental

Pilar Moraga — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0000

El texto conmemora los 25 años del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, destacando su rol pionero en la formación, investigación y promoción del derecho ambiental en el país, en respuesta a desafíos globales y normativos nacionales. Sin embargo, el texto advierte sobre amenazas actuales a los estándares ambientales, como el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que podría debilitar principios fundamentales del derecho ambiental, subrayando la importancia de una academia libre y comprometida con el equilibrio entre desarrollo y protección ambiental.